Grasso comenzó afirmando que la decisión de la no presencialidad fue "excesiva". "Tuvo su sentido en un principio, pero luego devino en una medida excesiva que comenzó a incrementar consecuencias que ya tenía desde un principio".

"La pandemia ameritó la priorización de un derecho elemental como el derecho a la vida y eso hace que se tomen medidas que restrinjan otros derechos como los DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales). Entre ellos, el derecho a la educación en sentido completo, en el sentido de la presencialidad" y dejó en claro que "no es que no hubo clases sino que no las hubo presenciales".

"Ya desde un principio, esa medida empezó a evidenciar ciertas dificultades y consecuencias negativas que debieron haberse reducido con alguna otra medida. Lo primero que se pone en evidencia es la absoluta inequidad que hay en nuestro país en cuanto a que la continuidad pedagógica de manera virtual requería una serie de requisitos que no todos los podían cumplir tales como conectividad, elementos tecnológicos, etc. Además, el rol de apoyo de padres y madres en la trayectoria educativa -que es un rol que siempre cumplen-, lo cumplían de otra manera cuando los pibes iban a la escuela y el docente tenía mayor contacto. Acá tuvieron que tener un rol mayor y no todos los padres y madres estuvieron en condiciones de hacerlo. Y eso también generó angustia en el seno familiar por no poder acompañar como la situación ameritaba", indicó.

A medida que los concejales fueron realizando este análisis, también fueron planteando que "en la medida de lo posible, se fuese volviendo a la presencialidad. Pasó todo el año pasado sin presencialidad, empezamos este año sin lugar a dudas con un avance importante en cuanto a presencialidad y se volvió a cortar. A partir de ahí, a más de un año del inicio de la pandemia, planteamos que, en primer lugar, es necesario que se haga un análisis crítico de lo que pasó y de sus consecuencias en cuanto a la inequidad a la hora de la conectividad y a las consecuencias que fueron estudiadas y analizadas tanto por UNICEF, por la Sociedad Argentina de Pediatría y por la Organización Panamericana de la Salud. Hay un informe del Observatorio Psicosocial de la Universidad de Buenos Aires que plantea las consecuencias desde el punto de vista de la salud mental de niños, niñas y adolescentes en cuanto al rol de la escuela, que es un espacio para lo que se llama 'socialización secundaria': complementa la función paterna y materna, es un espacio de andamiaje tanto de contención como de definición de límites, afecto, amor, el contacto con los pares que se genera en lo presencial. La presencia de los niños y niñas en la escuela tiene funciones que van más allá de la transmisión de contenidos".

Con todo eso en mente, desde Juntos por el Cambio entienden que "es ahora más que nunca el momento de analizar las medidas. Y esto es válido para todas las medidas restrictivas que se tomen en la actualidad y en lo sucesivo. Es un momento totalmente distinto al del año pasado. Venimos de un pico importante, pero se viene avanzando fuertemente en la vacunación. Así que para cada una de las medidas de restricción que se tomen, y en la educación en particular, es necesario tener en cuenta dos criterios: la evidencia científica y que el derecho a la educación es fundamental".

Grasso subrayó que "después de más de un año de restricciones, de la población ya emocionalmente cansada y de todas las consecuencias negativas desde el punto de vista económico y psicosocial, hay necesidad de ser muy estrictos en que cada decisión restrictiva que se tome esté amparada en evidencia científica. No hay evidencia científica que muestra que en el ámbito escolar y con la continuidad del respeto de los protocolos -como viene sucediendo hasta ahora- sea un lugar que incremente los contagios y, por lo tanto, no entendemos el motivo por el cual se discontinua la presencialidad".

El concejal resaltó que tampoco hay evidencia de que haber cortado la presencialidad en provincia de Buenos Aires mientras en CABA se continuó con clases presenciales haya repercutido significativamente en una disminución de casos. "Paradójicamente, la curva de contagios bajó más en CABA con presencialidad que en Provincia sin ella", destacó.

"Hay que entender que dentro de los DESCA, el derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales. Por lo tanto, entendemos que debe ser uno de los más resguardados, junto al de Salud", dijo y detalló que "por varias razones ha habido una mayor pérdida de vínculo de pibes con la escuela y, en algunos casos, deserción".

"Entendemos que debe ser prioritaria la educación presencial, no sólo en Fases 3 y 4 sino incluyendo la Fase 2. En este contexto, creemos que solamente se debe volver a suspender la presencialidad en una situación en la que es la última alternativa o de cierre absoluto. Salvo en ese caso, la presencialidad debe mantenerse", lanzó.

Por otro lado, puso de relieve la necesidad de tener en cuenta "lo que ya se ha consensuado a nivel internacional a la hora de restringir un derecho: la proporcionalidad y la temporalidad. Es decir, solamente por tiempos breves y que esa restricción sea proporcional al perjuicio que se intenta evitar o el beneficio que se intenta lograr".

A la hora de hablar de la posición que toman algunos gremios docentes, Grasso quiso dejar en claro que ellos son "quienes más compromiso han tenido en este tiempo, porque a ellos también se les ha complejizado la situación. Han tenido que rever, repensar y reorganizar su modalidad docente. Son protagonistas de esta ardua tarea que significó reemplazar la presencialidad para poder garantizar la continuidad educativa de los pibes y pibas en este contexto".

Reconoció que garantizar la presencialidad "no es a toda costa" sino que "debe haber respuestas del Estado en cuanto a ciertas garantías que piden y exigen con toda razón. Porque la inequidad de la que hablamos también se ve reflejada en la cuestión edilicia en algunas escuelas que tienen fallas y no permiten garantizar todos los protocolos. Y ahora se agrega la variable fundamental de la ventilación cruzada. Eso requiere que haya mayor presencia de calefacción. No es a toda costa, sino teniendo en cuenta todas estas características".

Por último, señaló que hay una "heterogeneidad de miradas y posiciones de los docentes, ya que no creo que todos ellos están en contra de la vuelta de la presencialidad. O, por lo menos, eso no me consta. Sí, por supuesto, los gremios son los que más se han plantado en este sentido. Entendemos que el Estado tiene que estar más presente para garantizar todas las condiciones desde el punto de vista edilicio".